Colombia
es un país megadiverso, así como también es rico en recursos naturales no renovables.
Uno y otro conviven en biomas y ecosistemas de manera equilibrada, pero se
distancian en el campo económico y político.
Las
locomotoras del actual gobierno Santos se concentran en los recursos naturales
no renovables con el auge de la minería y de los hidrocarburos, y estiman que
aportarán al crecimiento económico sostenido hasta el 2030, así como también garantizarán
la política social del Estado a través de royality
o regalías cercanas a los 10 billones de pesos anuales en los próximos 20 años.
La
biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, por su parte, se deforestan a un
ritmo de 260.000 hectáreas anuales, destruyendo a su paso especies que afectan
el equilibrio ecosistémico y que ponen en riesgo la categoría de país
megadiverso.
Entre
las causas de la destrucción de ecosistemas colombianos se encuentra la
extracción de minerales e hidrocarburos, pero hacia el interior se muestra como
una actividad que jalonará el progreso de la sociedad colombiana, como lo muestra el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad
para todos”.
El
área entregada en concesión para minería y para bloques petroleros supera las
tres cuartas partes del territorio colombiano, y sus efectos para el ambiente
no se encuentran cuantificados en ninguna licencia ambiental, y mucho menos en
la que se realiza de manera ilegal.
Los
beneficios de los ecosistemas que destruirá la locomotora minero-energética superan
con creces las rentas que esta última traerá. Con tan solo valorar los
servicios ambientales como la producción y transporte de agua, en un horizonte
de tiempo de 100 años que incluyen aproximadamente tres generaciones de
colombianos, se concluye que es más rentable mantener en equilibrio los
ecosistemas que destruirlos por unas rentas que tan sólo durarán 30 años, pero
que traerán consecuencias irreversibles para el bienestar de los colombianos.
El crecimiento
que tendrá la economía en los próximos treinta años podría ser negativo si de
él se descuenta la destrucción de recursos naturales renovables y no renovables,
como debiera ser en una economía que reconoce los límites físicos del planeta.
Si
el gobierno de Santos quiere una “prosperidad para todos”, debe pensar que las
futuras generaciones deben beneficiarse de los servicios que presta el
ambiente, y que resulta más rentable conservar que destruir con consecuencias
irreversibles.
