SOLANO: FARC, COCA, DEFORESTACIÓN Y OLVIDO.

Mientras Colombia se encuentra de luto por la muerte que vilmente propició la vetusta guerrilla de las FARC a los cuatro secuestrados en el municipio de Solano (Caquetá), vienen a mi mente los recuerdos del único viaje que realicé a este lugar que se encuentra en la Amazonía colombiana en mayo del presente año, y que explican las razones por las cuales estos hechos ocurrieron allí.

El casco urbano del municipio de Solano se encuentra a escasos metros de la desembocadura del río Orteguaza en el río Caquetá, uno de los principales afluentes del Amazonas. El puerto fluvial que reposa en el pequeño municipio, con dos entradas para embarcaciones rápidas, es el único medio de comunicación y de acceso que tienen las personas que viven en aquel asentamiento humano ubicado en medio de la selva. El polvo que encierra el parque central del pueblo refleja las dificultades que tienen que afrontar los habitantes que allí viven, y el edificio de la alcaldía sin terminar muestra la inoperancia del Estado que, sin lugar a dudas, se encuentra relegado ante el control que ejerce el Bloque Sur de las FARC.

El temor de sus habitantes es evidente, nadie se atreve a hablar de la situación que se vive allí. La ley del silencio es un imperativo para las personas del municipio que sobreviven gracias a los cultivos de coca, y en menor medida, a la agricultura y el comercio. La luz eléctrica se marcha todas las noches debido a que no se encuentran interconectados con la red nacional, así como también se marchan los pocos militares que hacen presencia en la zona.

Los cultivos de coca avanzan a medida que se talan los bosques nativos de la Amazonía colombiana, y los colonos que habitan allí perciben estos recursos como ilimitados debido a la imponencia selvática que los rodea. Los indígenas, que por siglos han ocupado el municipio, se encuentran en medio de un conflicto que nunca pidieron, pero se involucran cada vez más a él debido a que los flujos económicos dependen casi exclusivamente de las actividades ilegales. Se percibe un notable deterioro en términos de calidad de vida.

Solano es el municipio más extenso del sur del país, y el segundo más grande de Colombia. En él se ubica el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la reserva natural colombiana con el mayor número de kilómetros cuadrados, y con seguridad, la más inexplorada de todas las que conservan ecosistemas estratégicos. Grandes extensiones de selva, y el olvido histórico del Estado son el escenario perfecto para consolidar estructuras guerrilleras, que luego de 20 años de hacer presencia en la zona, otorga ventajas militares y geográficas, además de un elaborado trabajo político con la comunidad.

Mientras el país político y la social-bacanería le siguen dando la espalda a este, y otros tantos municipios que hacen parte de la Amazonía colombiana, allí se siguen cometiendo actos que violan las normas básicas del derecho internacional humanitario, pero lo más grave es que parece imperar la ilegalidad de las FARC, como lo confirma la captura de la alcaldesa Sandra Norma por parte de autoridades judiciales por presuntos vínculos con el Frente 48 de las FARC el pasado mes de junio.

La muerte de los cuatro secuestrados el pasado 26 de noviembre no es otra cosa que la confirmación de una situación que para los solanenses es cotidiana. La gran riqueza natural y cultural del municipio de Solano, hoy por hoy, está ubicada en el peor de los mundos.

MÉXICO, CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y TIEMPO ECOLÓGICO.

En México, la política parece no responder a la misma velocidad en que se altera el ambiente y los ecosistemas. Una vez conocidas las problemáticas ambientales, son las comunidades, la academia y las ONG’s los primeros actores que se preocupan por entender sus causas y plantear soluciones que pasan al campo político, donde pierden su horizonte y se confunden en cuotas burocráticas e intereses económicos, demorando la intervención, planeación o control por parte del Estado. Y mientras esto ocurre, la degradación ambiental avanza a pasos acelerados, muchas veces de manera irreversible. Este es el camino que ha seguido gran parte de la mancha urbana y la depredación de los recursos naturales que destruyen los espacios necesarios para mantener, por lo menos, neutralizado el carbono que emite el país en su conjunto.

La brecha entre el tiempo político y el tiempo biológico de los ecosistemas está jugando en contra del último, y a pesar de ser uno de los diez países más megadiversos del mundo en materia de especies, es el país latinoamericano con la huella ecológica más alta, y una de las mayores del mundo. Lo anterior significa que el impacto que México tiene sobre su territorio físico –tierra y océano- para sostener el consumo de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de su población, y para absorber sus residuos, es superior al territorio que posee, lo que obliga a utilizar parte de territorios de otros países vía importación. Situación claramente insostenible para el desarrollo del país y del planeta.

A pesar que resultan lógicas las consecuencias nefastas de no prestarle atención a la degradación ambiental que hoy vive el país, el debate político presidencial para las justas que se celebran este año, en el que la problemática ambiental debería estar en el primer renglón de la agenda y de las propuestas de cada uno de los candidatos, poco interés tiene. Asuntos como el narcotráfico, orden público, comercio internacional y los impactos económicos en México de la crisis del sistema financiero mundial, han sido los temas preferidos en este inicio de campaña por parte de los candidatos que busca hacerse del puesto más importante del país; y claro que son temas de importancia nacional, pero la urgencia de establecer posturas más serias que garanticen la satisfacción de necesidades de la población mexicana sin alterar las futuras generaciones, debería estar siquiera al mismo nivel que los asuntos mencionados. 


Se hace urgente que los impactos generados por las actividades humanas a los ecosistemas empiecen a ser tomados en serio por México para evitar que se entre en un camino irreversible del que ya no haya marcha atrás; y qué mejor que las propuestas se encuentren al calor de la política nacional, se evalúen por parte de la ciudadanía y sean un criterio de elección para el 2012. 


Empezar a disminuir la brecha entre el tiempo ecológico y el tiempo político sería un buen comienzo para recuperar la confianza del país hacia los asuntos públicos, y para encarrilarlo de una buena vez al vagón de la sostenibilidad.

¿FIN DE LAS FARC? ANÁLISIS DESPUÉS DE LA MUERTE DE CANO.

Pocas veces se puede estar tan orgulloso del Ejército Nacional de Colombia como esta semana, después de la muerte del comandante en jefe de las FARC el pasado 4 de noviembre. La noticia tuvo alcance mundial, prácticamente todos los medios de comunicación en cada país la resaltaron, pocos de ellos con nostalgia, pero la gran mayoría con un halo de victoria hacia el Estado colombiano contra el terrorismo.

Desde el interior del país, reconocidos estadistas y funcionarios del gobierno dieron un parte de victoria y de tranquilidad hacia la población civil después del golpe a la guerrilla de las FARC, aludiendo la ya famosa frase "luego de la muerte de Cano, habrá un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano, se abre el camino hacia la paz". Esta afirmación resulta lógica cuando un grupo armado ilegal, que lucha el poder del control territorial y político con el Estado desde hace casi medio siglo, sufre, por primera vez, la derrota de su máximo representante en el campo militar. Sin duda alguna, esto representa un hecho simbólico que, evidentemente, golpea la moral de las tropas de la milicia y toda su organización. Así mismo, las muertes de los integrantes del secretariado de las FARC Raúl Reyes y Mono Jojoy por parte del Ejército Nacional, como la baja en combates de un buen número de jefes de algunos Frentes de las FARC, dan cuenta de una estrategia militar consolidada que está dando buenos resultados. Lo anterior, sin embargo ¿representa el fin de las FARC? Me temo que no.

Para dar fundamento a la afirmación anterior, primero habrá que comprender la geografía de la guerra colombiana. Las FARC, históricamente, lograron ocupar territorios que resultaron indiferentes para el Estado colombiano, y que configuraron las lógicas militares y económicas que actualmente vivimos. Hoy, esta guerrilla colombiana se encuentra dividida geográficamente en 7 Bloques ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, cada uno de ellos con sus propias dinámicas.

El Bloque Caribe cuenta con 350 hombres alrededor de los departamentos del Cesar y La Guajira. Sus finanzas dependen del cultivo de cocaína en el Cesar y La Guajira, algunos cultivos de marihuana en el Magdalena, y del comercio ilegal proveniente de Venezuela. Mantiene relaciones comerciales con bandas criminales constituidas por los antiguos bloques paramilitares Resistencia Tayrona y Norte para el comercio del narcotráfico con carteles de países centroamericanos y africanos, y se movilizan hacia el Estado de Zulia en Venezuela con facilidad.

El Bloque Magdalena Medio concentra su negocio fundamentalmente en el narcotráfico y la extorsión a ganaderos y terratenientes. En sus filas hay alrededor de 500 hombres, y mantiene relaciones comerciales con bandas criminales para el comercio de estupefacientes y microtráfico, especialmente con los Urabeños. Tienen una importante presencia en la región conocida como Catatumbo (Norte de Santander), donde concentran cultivos ilícitos; así como también ejercen influencia en el valle medio del Magdalena en los departamentos de Santander y Bolívar.

El Bloque José María Córdoba cuenta con alrededor de 900 hombres, y concentra su poder militar y económico entre los departamentos de Antioquia y Córdoba en la zona conocida como Nudo de Paramillo, donde mantiene un importante centro de operaciones con amplias zonas de cultivo de cocaína, así como también hace presencia en el norte del Chocó. Este Bloque mantiene relaciones comerciales con los Urabeños y Los Paisas, bandas criminales emergentes encargadas del microtráfico y de la salida de la cocaína a México, Centroamérica y el Caribe desde Córdoba y Sucre. En los últimos años financian sus actividades delictivas con la práctica de minería ilegal que realizan en las cuencas de los ríos Cauca, Sinú y San Jorge, así como en sus afluentes.

El Bloque Comando Conjunto de Occidental encuentra su área de operaciones en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en la cuenca del pacífico colombiano. Sus finanzas dependen del cultivo de cocaína en los departamentos del Cauca y Nariño, así como también de la minería ilegal en la cuenca del Patía. Cuenta con una estructura de 1000 hombre aproximadamente, y mantiene relaciones comerciales con la banda criminal Los Rastrojos, que se encarga de la salida de estupefacientes del país hacia México por la ruta del Pacífico.

El Bloque Sur mantiene una estructura militar de 1300 hombres distribuidos principalmente en los departamentos de Caquetá y Putumayo, aunque también hacen presencia en los departamentos del Amazonas y Guainía, en menor proporción. Tienen un importante despliegue en el extenso territorio de la Amazonía colombiana, y mantienen sus finanzas a partir del cultivo de cocaína en vastas zonas del piedemonte andino, de la extorsión a las actividades económicas de la región, y empiezan a percibir sumas importantes de dinero con la extracción de minerales de manera ilegal en las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo, y en el departamento de Guainía. Tienen una importante influencia en las zonas limítrofes con Ecuador, donde se mueven con facilidad.

El Bloque Comando Conjunto Central se encuentra entre los departamentos del Huila, Tolima y Quindío. Ha mantenido como santuario el denominado Cañón de las Hermosas, desde donde históricamente han ejercido control territorial por su difícil geografía, y mantienen sus finanzas con la extorsión de pequeños propietarios y algunos cultivos de cocaína en la región. Cuenta con menos de 400 hombres, y hasta este año concentraban sus esfuerzos en custodiar a Alfonso Cano.

Por su parte, el Bloque Oriental tiene dentro de sus milicias a unos 3700 hombres a lo largo de los departamentos de Meta, Vichada y Arauca. Financian sus estructuras armadas a través del cultivo de cocaína y la extorsión de actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Mantienen relaciones comerciales con la banda criminal ERPAC, quienes también se dedican al narcotráfico en la zona. Hacen presencia igualmente en los territorios venezolanos que limitan con el departamento de Arauca, desde donde mantienen campamentos y refugios militares.

Así las cosas, puede advertirse que las lógicas de cada uno de los Bloques son diversas, variadas, y responden a dinámicas locales y regionales propias del territorio que ocupa cada uno de ellos. Desde la muerte de Manuel Marulanda alias “Tirofijo”, el mantenimiento de una unidad al interior del secretariado se ha ido resquebrajando con el pasar de los años. Cada uno de los Bloques ha buscado la independencia con respecto al secretariado de las FARC, y la autofinanciación de las actividades subversivas con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, les otorga mayor autonomía a la hora de tomar decisiones en el ámbito local. Las diferencias en campos como estrategia militar, manejo de la diplomacia internacional, y fuentes de financiación enfrentaban a Cano, Timochenco y Grannobles - todos miembros del Secretariado- desde que el primero de ellos asumió el liderato de la organización.

Es importante mencionar, también, que la presión por parte del Ejercito Nacional Colombiano hacia las FARC con los cercos militares para evitar la comunicación física, la interceptación de comunicaciones de aparatos electrónicos, y las mejoras tecnológicas adquiridas por el Gobierno Nacional, dificultan cada vez más los mensajes y las comunicaciones entre toda la estructura guerrillera, lo que agudizaba la división y la coordinación de estrategias conjuntas entre los Bloques.  

Así las cosas, puede decirse que si bien la muerte de Cano constituye, como ya se dijo, un golpe a la moral de la estructura de las FARC, es realmente un golpe al Bloque Comando Conjunto Central, del que él hacía parte, y valga decir, el menos fuerte desde el punto de vista económico y militar.

Los Bloques Sur, Oriental, José María Córdoba y el Conjunto Central Occidental parecen fortalecidos en sus estructuras militares, fundamentalmente por el éxito económico de diversificar sus fuentes de financiación con narcotráfico y minería ilegal, y por la estratégica consolidación de sus relaciones con las bandas criminales emergentes –que en tiempos de las AUC los combatieron-, para fortalecer la cadena de producción y comercialización del narcotráfico hacia el interior del país y el exterior. Esta situación fortalece el círculo de la ilegalidad en las regiones donde estos Bloque ejercen influencia directa, lo que se traduce en un mayor apalancamiento para sus tropas, y mayor capacidad de resistir los avances del Ejército Nacional colombiano por su relación con la comunidad, que en el mayor de los casos obtiene sus ingresos de actividades relacionadas con la ilegalidad.

Igualmente, las fronteras “difusas o permeables” de Venezuela y Ecuador permiten que los Bloques que allí operan – Oriental, Caribe y Sur- puedan planear de manera estratégica los ataques del Estado colombiano con desplazamientos a estos territorios, evadiendo el accionar militar del ejército regular.

Por otro lado, si bien es posible constatar que desde el 2002 hasta la fecha el número de combatientes de las FARC se redujo en un 60%, pasando de 20.000 a cerca de 8.000; esta cifra solo vuelve a la situación de comienzos de los noventa, cuando el número de combatientes de esa organización guerrillera era el mismo que hoy tienen. Esta organización armada ilegal aún cuenta con un ejército suficientemente grande para causar daños significativos en materia militar e institucional, y sus ingresos actuales superan con creces los que tenían a comienzos de los noventas, lo que agrega un elemento poderoso para evitar el cese de actividades ilegales de esta guerrilla. Con relación a este último punto, es importante mencionar que es de conocimiento público que la economía ilegal, desde hace unos años, marca la dinámica de guerra del conflicto armado colombiano debido a los jugosos dividendos del narcotráfico, y actualmente los grandes recursos provenientes de la minería ilegal. Estas actividades constituyen el principal incentivo para mantener en pie estas estructuras armadas ilegales, y eso lo que explica las alianzas con grupos neoparamilitaes.

De esta manera, si bien la muerte de Cano constituye un golpe histórico para las FARC que afecta la moral de la organización, no puede decirse que esta situación marca un punto de inflexión en el conflicto armado que sostiene el Estado colombiano con esta organización ilegal. Hechos como el fortalecimiento de las finanzas de los Bloques, la división interna que permite consolidar los poderes locales de la estructura guerrillera, el negocio del narcotráfico y la minería ilegal, la relación de estas estructuras con las bandas emergentes y el número de guerrilleros que aún mantienen en sus filas, permiten concluir que la muerte de Cano, en esencia, no cambió la situación de conflicto armado colombiano.