Hace algunos años, estando entre la altillanura amazónica serpenteante de los municipios de Florencia y Morelia, en Colombia, escuché sin proponérmelo una conversación entre dos personas, cuyo acento los delataba como caqueteños. Hablaban de lo conveniente que sería negociar juntos para obtener mejores precios de las gallinas que levantaban en los galpones contiguos de sus fincas. Sin embargo, mientras el más joven se levantaba muy temprano para entregarlas, el de edad media prefería hacerlo en la tarde. El primero insistía que en la mañana las gallinas estaban más tranquilas y lograban mejor peso, mientras que el segundo no quería madrugar y encontraba más apacible el trabajo cuando bajaba el calor.
La diferencia favorecía al comprador, don Arnoldo, a quien ambos trataban con reverencia, pues ofrecía aumentar el precio en un 15% si alguno de los dos le suministraba 500 kilos adicionales por semana. Juntándose lo habrían logrado con facilidad. Pero aquella diferencia terminó con un “vecino, mejor sigamos siendo amigos y vendamos separadamente, no nos vamos a poner a pelear por que usted sea madrugador y yo un feliz trasnochador”.
Aunque la conversación parecía sacada de un chiste, me vino a la memoria con el panorama de la CoP 30 a celebrarse en Belem de Pará: la dificultad de unir intereses comunes en torno a la Amazonía, cuando lo lógico sería negociar en bloque, pero todo indica que cada país amazónico irá por su lado.
Pragmatismo diplomático
En las negociaciones de las CoP, el foro creado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para coordinar la acción global frente al calentamiento del planeta, América Latina no ha logrado consolidar un bloque de negociación tan robusto como el de los países africanos o el de los pequeños Estados insulares, quienes suelen votar unidos. En contraste, aunque el bloque de países no alineados a veces coincide con posturas latinoamericanas, lo cierto es que los intereses de la región rara vez se aglutinan en una posición única, pese a la cercanía cultural, el idioma compartido, la dependencia de los equilibrios amazónicos y una historia común.
Ese déficit se refleja sobre todo en Brasil, quien actúa como un jugador con posturas independientes y de gran influencia, pues su burocracia especializada mantiene fuertes lazos con diferentes bloques y sus posiciones son respetadas en la arena internacional. Pero esa influencia no se traduce en solidaridad regional. Entre los países latinoamericanos predomina la percepción de que con Brasil no se cuenta para construir un bloque común.
Tampoco ayudan los vaivenes políticos de la región. Las lealtades en materia climática oscilan según el giro populista de turno, de izquierda o de derecha, lo que impide hablar de “Estados latinoamericanos” y más bien de “gobiernos latinoamericanos”. Un ejemplo reciente lo ofrece la Opinión Consultiva solicitada a la CIDH por Colombia y Chile: ambos, con gobiernos de izquierda, coincidieron en promover esta acción jurídica regional. Sin embargo, esa misma sintonía no se replicó en la Cumbre de Bogotá, realizada en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, donde se buscaba una estrategia conjunta de negociación para la COP 30.
A la cita solo asistieron los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia, mientras que Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Venezuela enviaron delegados. El caso de Perú resulta especialmente llamativo: segundo país en extensión amazónica, dejó que pesara más el reciente conflicto limítrofe con Colombia en la zona de Leticia y Santa Rosa que los intereses comunes de la cuenca.
Esa falta de pragmatismo político también se refleja en propuestas con racionalidad científica pero inviables en lo diplomático. Fue el caso de Colombia, que en la cumbre de Bogotá propuso prohibir la extracción de hidrocarburos en la Amazonía sudamericana. La lógica científica era clara, pero olvidaba que en Brasil, Ecuador, Venezuela, Guyana y Bolivia el oil & gas es un sector intocable.
Negociando con el diablo y contra el reloj
El bosque de la Amazonía juega cada vez más un rol estratégico en las negociaciones climáticas. Su contribución como sumidero de carbono y la amenaza de volverse emisor neto por deforestación, degradación y fragmentación la ponen en el centro de los modelos climáticos del IPCC. Perder esa batalla es perder la del cambio climático. Y no hay mucho tiempo: la pérdida de bosque avanza rápido hacia el tipping point y las tasas de deforestación no ceden, reflejando décadas de políticas forestales fallidas.
Aunque la soberanía sobre los recursos naturales no está en discusión, al menos jurídicamente, el interés global por proteger la Amazonía es creciente, como muestran los recursos de cooperación desde el norte global. Noruega, Dinamarca y el Reino Unido han aprendido en más de una década de trabajo que no basta con incentivos económicos: el verdadero desafío es fortalecer las gobernanzas locales, aún incipientes en territorios con Estados débiles y presencia de actores ilegales que expanden la frontera agrícola. Ahí parece estar la clave.
Pero el gran problema es que con ciertos actores no hay posibilidad de negociar. Las mafias de la madera, el tráfico de especies, los cultivos lícitos e ilícitos, la minería ilegal de oro y coltán y el acaparamiento de tierras tienen raíces transnacionales y vínculos con economías locales. La captura paraestatal de los territorios amazónicos es estructural, y combatirla exige una estrategia de largo aliento, presupuestos fuertes y cooperación efectiva entre países. Y justo en ese punto la política fiscal está en crisis y las relaciones bilaterales se mantienen tensas y desconfiadas.
Por eso urge consolidar un modelo de gobernanza eficaz para la Amazonía, ya no sólo para los bosques, que vaya de arriba hacia abajo, desde los Estados, definiendo prioridades, posturas comunes y cooperación transfronteriza, y de abajo hacia arriba, con estrategias territoriales, incluso subnacionales, que reconozcan la biodiversidad y el multiculturalismo, recuperando una soberanía hoy frágil y a menudo en manos de actores ilegales.
Para lograrlo se necesitan posturas comunes y acuerdos mínimos entre países. El problema es que la lentitud habitual de la diplomacia no se compadece con el avance acelerado de la deforestación ni con la proximidad al punto de no retorno. El costo de la inacción, en este caso, es demasiado alto.
Persisten los problemas de base
Algunos celebraron como un logro el anuncio al final de la Cumbre de Bogotá sobre la creación del Fondo Financiero para Bosques Tropicales, impulsado por Brasil. Sin embargo, era un paso previsible para países con vocación forestal y aún no está claro quién lo financiará, pues en la propuesta inicial figuraba Estados Unidos, que ya no participará. La moratoria petrolera no prosperó, y la idea de un Centro de Cooperación Policial de la Amazonía, concebida para enfrentar redes criminales transnacionales, despierta sospechas de intervencionismo y tropieza con los desacuerdos políticos entre gobiernos.
Tampoco existe consenso sobre la trazabilidad de los productos amazónicos (madera, oro, soya, palma y ganadería): exigiría compartir datos sensibles entre países y armonizar sistemas hoy incompatibles. Del mismo modo, la propuesta de incorporar a los pueblos indígenas como actores negociadores en la agenda climática apenas ha pasado de la declaración a la práctica. El principal desafío de Brasil en esta cumbre será movilizar 1,3 billones de dólares anuales junto con Azerbaiyán.
Pretender simultáneamente ese acuerdo ambicioso y liderar un bloque amazónico puede resultar contraproducente: varios países en desarrollo buscan tomar distancia de China para evitar que los flujos terminen beneficiando a su principal competidor, por lo que un frente más amplio del Sur global luce más conveniente que uno estrictamente amazónico. En este contexto, la opción de un frente amazónico común rumbo a la COP30 se desvanece: Brasil tenderá a imponer una agenda alineada con sus intereses y expectativas bajo su liderazgo, mientras los demás países amazónicos permanecen atrapados entre conflictos bilaterales, prioridades domésticas y una gobernanza regional frágil de la Amazonía.
Al final, la región parece repetir la lección de aquellos vecinos caqueteños: prefieren seguir siendo amigos —o enemigos— antes que coordinarse para defender un bien que pertenece a todos. Y así, todos perdemos.
