domingo, 16 de agosto de 2020

LOS INGA TENÍAN RAZÓN: ESTAMOS FRENTE AL FIN DE LA HUMANIDAD.

Luego de la última invasión de los caucheros a los asentamientos de los indígenas Inga, en los albores del siglo XX, los protectores de las tierras bajas del sagrado territorio Inti Wasi pensaban que se trataba del fin del mundo, tal como lo pregonaban los taitas que bañaban sus largas cabelleras en los afluentes de los hoy conocidos ríos Pescado y Caquetá, en la cuenca amazónica de Colombia.

No era para menos, el ruido de las hachas y los motores de los barcos recreaban aquellas historias de la llegada de un espíritu que destruiría para siempre los bejucos de Yagé y la gran Boa, elementos que habrían dado origen al hombre de los Kamentsä, pueblos originarios que habían sido dominados por Huyna, militar Inca. De hecho, los pueblos Inga eran el último asentamiento por el norte de Sudamérica del gran Imperio.  El espectro -decía la tradición oral- vendría de tierras lejanas con absoluto sigilo, pero con grandes poderes que le permitirían acabar para siempre con el hombre. 

 

Cuando se preparaban para lo peor, la Manigua, protectora de las selvas, logró detener el avance del espíritu maligno del caucho y quienes resistieron recuperaron la tranquilidad por unos decenios más.  

 

Luego, en la segunda mitad del siglo XX, la llegada de los colonos, con hacha en mano, arrinconaron a los Inga a pequeños espacios en el piedemonte de los departamentos del Caquetá, Cauca y Putumayo. A su paso, arrasaron con los bosques, redujeron el caudal de las aguas y desplazaron la biodiversidad hacia la montaña.

 

Pero los Inga sabían que aún no era el final, porque con los nuevos vecinos el espíritu llegó con mucho ruido y venía de tierras cercanas, por lo que la profecía aún estaba por cumplirse. Con el tiempo, se acostumbraron a cohabitar el territorio con el colono, aprendieron a satisfacer sus necesidades a través del mercado y de a poco sus modos de vida cambiaron, pero la montaña aún les proveía agua, protección y alimentos y sus tradiciones orales se mantuvieron intactas.

 

En los últimos días, no obstante, presienten nuevamente el fin del mundo. Las comunidades del Yagé saben que el espíritu está de vuelta. En el mes de agosto del año inmediatamente anterior las imágenes de los incendios en el occidente de Brasil fueron contundentes y escandalizaron el mundo. En el verano amazónico brasileño del 2019 se arrasaron cerca de 1,2 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical nativo. Para el 2020, en los primeros 10 días de agosto hubo 10.000 incendios y 25 focos de calor, un 17% más con respecto al año pasado. Nada podría ir peor.

  

Nos acercamos al 20% de transformación del bosque amazónico en potreros (denominado punto de quiebre o “tipping point”) y con ello no habrá retorno. La alteración del ciclo del agua llevará a una menor disponibilidad hídrica a lo largo de todo el continente americano, la lucha contra el cambio climático de toda la humanidad estará perdida porque el gran bosque húmedo tropical dejará de ser un sumidero de carbono para convertirse en la principal fuente de emisiones, acelerado por los puntos de calor que serán cada vez más frecuentes y la estabilidad de la temperatura será aún más incierta.

 

La evidencia satelital muestra que en Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela la situación de deforestación comparada con el 2019 también se ha empeorado con la pandemia, sin que aún haya cifras definitivas que den cuenta de la magnitud del fenómeno. Sin embargo, con alta certeza, el 2020 será el año con la mayor tasa de deforestación jamás registrada en toda la cuenca de la Amazonía. Una tragedia sin doliente.

 

Mientras perdemos la batalla, Jair Bolsonaro -presidente de Brasil- ha salido en varios medios de comunicación en la última semana para acusar de alarmistas a las comunidades indígenas brasileñas, a los científicos y a los ambientalistas, señalandolos de mentirosos y de enemigos del “desarrollo”. En los otros países de la región, mientras tanto, sus líderes concentran esfuerzos en atender los estragos sociales y económicos que ha dejado la pandemia, dejando en último orden de prioridad lo que ocurre en la Amazonía.

 

Y entonces, a pesar de la distancia entre los territorios de los Inga y los incendios en la Amazonía brasileña, separados por unos 3 mil kilómetros, las consecuencias de la deforestación, fragmentación y degradación del bioma amazónico amenazan cada una de sus partes. Los indígenas no pueden ven los incendios en la Amazonía brasilera que serán los mayores jamás registrados por el hombre y tampoco comprenden el punto de no retorno que pondrá en jaque la vida humana y será el mayor reto en las próximas décadas, pero saben que el espíritu merodea, es silencioso y tiene un gran poder de destrucción. ¡La cosmovisión de los Ingas les da la razón!

domingo, 19 de julio de 2020

Hidroeléctrica sobre el río El Churimo (San Rafael, Antioquia): Una historia repetida.

Cuando conocí el oriente de Antioquia supe que los jardines colgantes de Babilonia con flores de variados colores, pájaros con colas curvas y grandes cascadas cristalinas estuvieron inspirados en sus tierras. De inmediato, me maravilló esa particular y extraña riqueza hídrica que va formando paisajes escarpados donde millones de litros de agua buscan afanosamente encontrarse con las aguas cálidas que dividen las cordilleras andinas central y oriental, siempre acompañados de un exuberante bosque tropical y sonidos relajantes de aves, insectos y primates.

Sus grandes ríos, en su natural y desesperada búsqueda por el Valle del Magdalena, sin embargo, se ven interrumpidos por inundaciones artificiales que le quitan vigor y caudal al recorrido del agua, transformando los sonidos, colores, olores y paisajes. Ya hace 10 años que conozco esta región que visito con frecuencia y siempre he advertido la existencia de dos espacios que se confunden y se diferencian entre sí. Enormes espejos de aguas detenidas y grandes infraestructuras en cemento con una simetría a escala humana que no terminan por acomodarse al verdor y las asimétricas montañas de los Andes antioqueños.

Desde la década de los sesenta, el municipio de San Rafael (así como todo el oriente de Antioquia) transformó su ruralidad centenaria llena de bosques de galería, tierras que abastecían de frutas y hortalizas a los habitantes de Antioquia, con aroma de café y costumbres propias de arrieros, mineros y campesinos que forjaron la cultura paisa, por grandes obras de ingeniería que desviarían los ríos Guatapé y Nare para formar un gran sistema de centrales hidroeléctricas.

Entre las décadas de los sesenta y los ochenta, los proyectos de generación de energía hidráulica se desarrollaron sin consultar el sentir de las comunidades locales, sus intereses sobre el territorio, sus arraigos y sus anhelos, así como tampoco evaluaron los efectos sobre los ecosistemas, el aporte a la crisis climática y al bienestar humano. El cambio de uso de suelo se desarrolló sin un adecuado diálogo social, sin una acertada evaluación de los impactos en varias dimensiones y sin que los habitantes del municipio pudieran comprender las implicaciones de los grandes cambios que se avecinaban. Fue un proceso impuesto por las autoridades políticas nacionales y los grandes intereses económicos sin la debida información, participación y compensación.

Una vez las centrales estuvieron funcionando, a finales de los ochenta, los cambios demográficos y de vocación económica estuvieron acompañados por el interés de grupos armados al margen de la ley por capturar las millonarias rentas asociadas a la generación de energía y, entonces, quienes allí habitaban tuvieron que soportar la modificación de su cultura, de su sustento económico, de sus aguas y sus ecosistemas en medio de la guerra.

Con lamento, la llegada de las hidroeléctricas y el conflicto armado no mejoró el bienestar de quienes han habitado el municipio de San Rafael. El sacrificio del capital natural para la generación de energía no fue compensado proporcionalmente con recursos provenientes de transferencias del sector eléctrico, a pesar de la evidente pérdida de capacidad fiscal por el menor recaudo de impuesto predial debido a que gran parte de su territorio se encuentra bajo el agua[1]. Los ingresos de quienes habitan las zonas rurales circundantes a los embalses apenas superan el 50% de un salario mínimo mensual, las tarifas del servicio público de energía en el municipio son iguales que las de cualquier otro municipio no generador y las necesidades básicas insatisfechas están por encima del promedio nacional[2]. Nada que celebrar.  

A pesar de las adversidades y el viento en contra, los habitantes de San Rafael se han levantado lentamente gracias a sus riquezas hídricas, logrando captar la atención de un turismo local aún en formación. Los pocos espacios que quedaron sin intervenir, por donde aún fluyen los ríos y quebradas de manera libre, son aprovechados por lugareños y visitantes para reencontrarse con la tranquilidad que ya no se percibe en los grandes centros urbanos, justo en medio de aguas cristalinas. 

Ahora, el turismo hídrico representa una importante fuente de ingreso para los sanrafaelitas de a pie que no se han favorecido de los millonarios recursos económicos generados por las hidroeléctricas, que son la mayoría. Además, se han convertido en el lugar de encuentro social y cultural.

Pero justo cuando hay un camino allanado y las nuevas generaciones se adaptan, aparece nuevamente el voraz apetito de los intereses políticos y económicos por desviar los pocos espacios de agua que corren en libertad. La empresa Clear Water S.A.S, que representa legalmente Luis Hoyos (hermano del senador Germán Hoyos) solicitó licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico “El Churimo” ante Cornare con las mismas estrategias de antaño: sin participación de la comunidad, con ausencia de información, sin la adecuada identificación de impactos que conlleva a un inadecuado esquema de compensaciones y en total sigilo. El procedimiento utilizado, por lo menos, levanta sospechas. 

Por fortuna, las habitantes de San Rafael han aprendido la lección y como pocos conocen los estragos de los proyectos extractivos en sus territorios. El colectivo de jóvenes "Somos del Río" y organizaciones locales llamaron la atención sobre la existencia del proyecto y de inmediato recibió la solidaridad de los sanrafaelitas, de organizaciones sociales de municipios aledaños, de líderes ambientales y defensores del territorio, entre otros. El pasado 15 de julio fue aprobada por parte de Cornare una Audiencia Pública para socializar el proyecto, conocer los impactos y aportar información relevante para el trámite de Licencia sobre el Río Churimo, a llevarse a cabo el próximo 25 de agosto.

La Audiencia Pública es la oportunidad para que los sanrafaelitas le cuenten a los interesados del proyecto y a las autoridades ambientales lo orgullosos que se sienten de sus ríos y quebradas; de la importancia económica, ecológica y social de las cuencas hídricas libres y vivas, de lo que han tenido que padecer por el desarrollo dentro de su territorio de proyectos que nunca le fueron consultados pero que cambiaron sus vidas para siempre. Es el momento para hacer un debate público sobre la necesidad de seguir desviando los ríos y de los beneficios que esto trae al bienestar de las comunidades locales. Informarse y participar es un deber moral.

Los ríos y quebradas, ahora, no solo son la esperanza de las nuevas generaciones por recuperar lo que perdieron con las hidroeléctricas, representan también su último refugio de vida y de libertad que les recuerda lo que algún día fue su territorio. Se han convertido en lugares sagrados. ¡Llego la hora de defenderlos!











[1] https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/2368/Revista_Ingenierias_UdeM_266.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[2] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2009/10/07/pobreza-en-el-oriente-antioqueno-contrasta-con-riqueza-del-territorio/

domingo, 17 de mayo de 2020

LA ENTRECRUZADA DEL CARRIEL

El Carriel es un símbolo del proceso de colonización del Occidente del país, o mejor dicho, de la franja norte de la cordillera occidental y central de los Andes, una pequeña parte de la extensión colombiana que se conoció como “colonización antioqueña”. Es un emblema de la ocupación (deforestación, degradación y fragmentación) de los páramos, bosques de niebla, bosques templados y bosques húmedos tropicales en los actuales departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Valle y pequeñas franjas montañosas del Tolima que rodean los nevados.

Miles de familias con carriel al hombro y hacha en mano transformaron bosques por pasturas. En este proceso, millones de litros de agua que nacían de sus entrañas y buscaban los ríos Magdalena y Cauca se perdieron desde finales de la colonia hasta nuestros días para darle paso al monocultivo del café, a la minería, la extracción de madera y la ganadería.

Ahora mismo, los escasos equilibrios ecológicos que han resistido son combinados con miles de litros de mercurio, convirtiendo al departamento de Antioquia en el territorio con las mayores concentraciones del metal pesado en las cuencas de sus ríos ¡todo un reto de salud pública!

Carriel, hacha y mercurio, por lo tanto, representan un modelo de desarrollo obsoleto que exige cambios con urgencia.

En las últimas décadas, el Carriel, otrora símbolo de la colonización antioqueña, ha venido asumiendo un rostro que le era desconocido. El ascenso al poder nacional de la clase terrateniente antioqueña, a inicios del siglo XXI, ha traído de vuelta su recuerdo, pero como una impostura, debido a que fue precisamente el modelo minifundista el que le dio vida. Ahora, los eventos sociales en los que participan los principales exponentes políticos de ese nuevo poder muestran sus habilidades sobre el caballo, con carriel terciado y tomando café. Toda una innovación disruptiva y un nuevo símbolo de poder.

Los campesinos de esas tierras, por su parte, ahora se debaten entre la restitución de tierras, las amenazas y el mantenimiento de actividades que nunca ha vuelto a tener los rendimientos de las bonanzas pasadas debido a la cuenta de cobro que pasa la biósfera por desconocer sus límites. Ahora mismo, es muy probable encontrarse a uno de ellos caminando en la ruralidad con botas de caucho y camiseta de equipo de fútbol, pero sin Carriel. Es evidente que ya no los representa.

Paradójicamente, en contravía de los vientos que exigen un cambio del paradigma que representó (y del que hoy representa) el Carriel, congresistas como Paola Holguín, Santiago Valencia y Álvaro Uribe, antioqueños todos, proponen un proyecto de ley para declararlo patrimonio nacional. ¿Patrimonio nacional el símbolo de un modelo de desarrollo localizado que acabó los bosques, redujo los flujos de agua, contaminó los ríos y hoy hace apología a la clase terrateniente? ¿Patrimonio nacional en plena época de crisis? ¿Vos te imaginás?

domingo, 3 de mayo de 2020

BREVES APUNTES PARA ENTENDER LA DEFORESTACIÓN 2020



El pasado 28 de abril, el IDEAM publicó los datos más recientes sobre deforestación en el país con el informe de Alertas Tempranas de Deforestación (ATD) del periodo octubre-diciembre de 2019. El contenido no genera muchas sorpresas sobre la crítica situación de los bosques amazónicos colombianos, pero requiere de algunas claves para una mejor comprensión del fenómeno. En las siguientes líneas (a modo de listado) se plasman 5 ideas que pueden ayudar en el análisis:

1. Si bien desde el 2016 el IDEAM viene mejorando la información sobre la deforestación (como las ATD y la medición de puntos de calor), los datos aparecen con un rezago de 4 meses y no se entregan valores en hectáreas, sólo porcentajes. A la fecha (primera semana de mayo) no sabemos a cuánto equivale el área deforestada en el 2019. Nuestros cálculos hablan de 230 mil hectáreas, un incremento del 15% con respecto al 2018; sin embargo, se requiere una cifra oficial con prontitud para tomar decisiones en tiempo real y conocer la magnitud del problema.

2. Desde 2016 es recurrente la deforestación en los departamentos del Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. La frontera ganadera aumentó unas 190 mil hectáreas en la Amazonía colombiana para el 2019 (según estimaciones propias), representando el 87% del total nacional.

3. Hay problemas serios de gobernanza ambiental en los municipios de La Macarena (Meta), Calamar y San José de Guaviare (Guainía), San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá), Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo (Putumayo). En 2019, 4 de cada 5 hectáreas de bosque se perdieron en estos municipios. En todos ellos hay estructuras armadas organizadas al margen de la ley actuando como autoridad.

4. Las autoridades ambientales (Cormacarena, CDA, CorpoAmazonia, Parques Naturales) no ejercen funciones porque están amenazados y fueron declarados objetivo militar. De igual manera, la esperada concurrencia entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las entidades territoriales, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales y las CAR`s es muy débil debido a los bajos presupuestos en el sector, los intereses encontrados y la falta de información para comprender la magnitud del problema. Por último, la justiciabilidad de los derechos ambientales (como el caso de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró a la Amazonía como sujeto de derechos) es ineficaz por la falta de concurrencia de los actores, las escasas herramientas jurídicas que los vinculen y la sociedad no ve el problema de deforestación como un asunto prioritario.

4. Los recursos de cooperación, centralizados en su mayoría por Visión Amazonía (120 millones de euros), son ineficaces porque en la región no hay instituciones que armonicen los proyectos que desde allí se lideran y hay una lenta ejecución de los recursos. Lo anterior contrasta con la velocidad que le imprimen las fuerzas internas a la construcción de carreteras en áreas protegidas y la rapidez de las motosierras para tumbar bosques, respaldados por las fuerzas ilegales que actúan en el territorio. Así las cosas, no hay esfuerzos que valgan si el Estado colombiano no recupera la soberanía sobre la Amazonía.

5. El gobierno del presidente Iván Duque no tiene como uno de sus ejes primordiales el control de la deforestación. Las fuerzas políticas y económicas (sobre todo aquellas relacionadas con Fedegan, Fedepalma y, en general, los intereses terratenientes que protege el partido de gobierno) miran el fenómeno de manera parcial y no les interesa profundizar en él. La desinformación es el mejor escudo para evadir su responsabilidad y no tomar decisiones. Las estrategias de ganadería sostenible y las etiquetas verdes del sector palmicultor, que son indispensables para hacer tránsito a economías bajas en carbono, son ampliamente insuficientes para enfrentar el problema que tiene pasos de animal gigante.

Como ven, no hay una estrategia creíble para frenar la deforestación. El Estado no controla el territorio, por lo que los esfuerzos por contener la deforestación son asilados e ineficaces. Estamos perdiendo la batalla y nos acercamos al punto de quiebre (Tipping point) en materia de cambio climático. ¡Nada podría ir peor para los bosques de nuestra Amazonía!

miércoles, 11 de septiembre de 2019

¿Y PARA CUÁNDO VAMOS A TOMARNOS EN SERIO LA AMAZONÍA COLOMBIANA?

-->

Por: Hernán Felipe Trujillo Quintero

Las imágenes de las últimas semanas son escalofriantes: miles de hectáreas de bosque húmedo amazónico se pierden en todo Sudamérica. En el 2019 la deforestación de la Amazonía del Brasil ya sobrepasó el millón de hectáreas, en Bolivia las llamas se han consumido unas 500 mil hectáreas y en Perú la deforestación en este bioma superó las 100 mil hectáreas. Es un fenómeno sin tregua donde no importa la tendencia política. Sus gobiernos, de variopintas vertientes, se preocupan en escenarios internacionales por canalizar recursos de cooperación en temas de conservación para la Amazonía (aprovechando las denominadas “preocupaciones comunes”), pero al mismo tiempo, generan incentivos perversos que degradan día a día el territorio más biodiverso del mundo. En adelante, intentaré contextualizar el caso colombiano.

Las zonas de Colombia donde se abrazan los bosques húmedos tropicales de la Amazonía con las montañas andinas son cada vez menos biodiversas, sus suelos pierden los pocos nutrientes que contienen y fluye menos agua que en años anteriores, fenómenos que se han acelerado en el nuevo siglo por la deforestación. Sus causas pueden resumirse en dos elementos: las reglas definidas por el Estado para la propiedad rural y la rentabilidad de las actividades económicas.

En la primera, el Estado diseñó incentivos perversos para la ocupación de bienes baldíos en el siglo XX (ley 200 de 1936, ley 135 de 1961, entre otras), reglas que persisten en la mente de los campesinos y empresarios del campo que se apropian de los territorios recién deforestados, aún cuando las normas que regulan su acceso hayan sido modificadas desde la década de los noventas con la figura de la función ecológica de la propiedad y hayan aparecido sanciones penales y administrativas por vulnerar las normas ambientales. Sin lugar a dudas, la legislación no logró armonizar las relaciones de facto que ocurren en la frontera agrícola y los bosques amazónicos se pierden a un ritmo cercano a las 150 mil hectáreas por año.

En cuanto a la segunda, la interacción de miles de especie que han hecho de esta región una de las más biodiversas del mundo ha sido remplazada por ganado vacuno, pastos y cultivos de coca, actividades que soportan los flujos monetarios en la región. Se transforman 1,3 hectáreas de bosques para poner a vivir una vaca, haciendo que la tasa de producción ganadera esté por debajo del promedio nacional. El valor económico de cada hectárea deforestada en la Amazonía es de $410.000 anuales para el 2018 y se reduce en un 5% cada que se aleja un kilómetro cuadrado de los Andes por los altos costos de transporte y logística.

La racionalidad económica compara el precio de cualquier actividad productiva con el de los bosques que se estima en cero pesos, resultando evidente el incentivo de la deforestación. Los árboles amazónicos han dado paso a potreros que soportan una actividad económica con un elevado costo socio-ambiental y sus consecuencias son evidentes con la pérdida del corredor biológico entre los Andes colombianos y la Amazonía.

Los impactos de la crisis climática en la zona de piedemonte amazónico aumentan en la medida que se desintegran los bosques: reducción en los niveles de lluvias para la segunda mitad del siglo XXI, aumento de incendios forestales que incrementarán la tasa de deforestación y pérdida de capacidad productiva de los suelos que reduce la eficiencia de las actividades económicas y presiona la ampliación de la frontera agrícola.

La estabilidad climática de los Andes (donde se ubica Bogotá) depende de lo que ocurre en esta región olvidada del país. El agua y la seguridad alimentaria de los grandes asentamientos humanos está en riesgo debido a la mirada marginal de la Amazonía por parte del mercado, que no logró asignar de manera eficiente el patrimonio natural por considerarlo gratuito y del Estado, que no logró ejercer soberanía sobre los factores bióticos y abióticos dejándolo a la suerte de quien se atreve a ocupar dichas áreas olvidadas, quienes han creado sus propias reglas de apropiación y convivencia.

Contener la deforestación es la única opción y debe concentrar todos los esfuerzos (nacionales e internacionales, públicos y privados) para llevarla a cero. Los plazos deben ser cortos entendiendo que los costos de oportunidad son enormes y no podemos tolerar incrementos sobre estimaciones conservadoras como las que se encuentran en el actual Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque (se aceptarána 165 mil hectáreas deforestadas para los próximos 4 años en la Amazonía).

Recuperar la conectividad entre los Andes y la Amazonía garantiza una mejor adaptación a la crisis climática del país y será una gran oportunidad para buscar la reconciliación nacional con un territorio que aún permanece en el olvido.









domingo, 20 de enero de 2019

EL RETO DE LOS 10 AÑOS. EVIDENCIAS DE UN CAMINO EQUIVOCADO

Esta semana inició con el reto viral en redes sociales de #10yearchallenge y muchos usuarios se sumaron a él con fotografías que tenían una diferencia entre ellas de 10 años. Cambios espectaculares, en algunos casos, caricaturescos, en otros. Sumándome al reto, intentaré aportar cuál ha sido el cambio en materia ambiental con algunas cifras; esta vez sin imágenes -ustedes pueden hacérselas en sus mentes- e intentando reflejar la cruda realidad (carente de espectacularidad y sin chiste):


Cambio climático (global) 2009-2019
Ítem
2009
2019
Concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera (ppm)[1]:
385,63
408,74
Fuente: National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)

Hay un incremento de 5,7% en la emisión de CO2 equivalente a la atmósfera. Desde el año 2016 superamos la fatídica cifra de 400 partes por millón de moleculas de carbono en la atmósfera.

Deforestación (global) 2007-2017
Ítem
2007
2017
Área deforestada (millones de hectáreas)[2]
18,3
29,4

Fuente: Global Forest Watch.

En la biósfera, se incrementó el cambio de uso de suelo forestal a no forestal en un 37%, perdiendo un área total de 236,6 millones de hectáreas de bosque (2 Colombias deforestadas en 10 años). 4 países (Rusia, Brasil, Canadá y Estados Unidos ) explican la mitad. Colombia ocupa el deshonroso puesto 10 para el año 2017.

Deforestación (Colombia) 2008-2018
Ítem
2008
2018
Área deforestada (hectáreas)[3]
238361
251000
 
Fuente: Instituto de Estudios Ambientales, Metereológicos e Hidrológicos (IDEAM).

Se deforestaron en 10 años 2,12 millones de hectáreas, equivalentes a 70 veces el área urbana de Bogotá D.C. Entre los años 2015 y 2018 incrementó en un 50,6%. Los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare explican el 62% del total.

Enfermedad respiratoria aguda en niños menores de 5 años (Bogotá D.C) 2008-2018
Ítem
2008
2018
Casos atendidos por año reportados por el INS[4]
164584
631068






Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá

Enfermedades relacionadas con la mala calidad de aire. Se incrementaron 3.8 veces en 10 años. Los costos para el sector salud de la contaminación atmosférica urbana ascienden al 1,93% del PIB[5].

Es difícil predecir cuál será la fotografía de lo aquí expresado en el futuro (quizas el #10yearchallenge del año 2029), aunque es fácil advertir que, a este paso, todo estará deteriorado. ¿Y el reto de ambiente para cuándo?