APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES, UNA DISYUNTIVA PARA SUDAMÉRICA.

El año 2012 inició con agitaciones sociales en los países del sur de América contra proyectos minero—energéticos.

Los indígenas ecuatorianos marchan a la encumbrada Quito para presionar la cancelación de un megaproyecto de cobre concesionado a la empresa Ecuacorriente –de capital chino- por la afectación ambiental y cultural de la Amazonía ecuatoriana. Habitantes de Famatina, en la provincia de la Rioja (Argentina), lograron que el gobierno nacional cancelara un proyecto de extracción minera a cielo abierto, luego de manifestaciones y marchas de sus habitantes hacia Buenos Aires. Las provincias de Celendín y Cajamarca en Perú mantienen confinadas las vías del sur del país, con el objetivo de bloquear la continuación del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, y ubicado en la cordillera de los Andes.

Un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efectos la calificación ambiental del proyecto Termoeléctrico Castilla, liderado por la brasilera MPX, luego que ambientalistas y habitantes del área de influencia del proyecto protestaran e impulsaran un recurso de protección, lo que afecta el desarrollo de futuros proyectos mineros en Chile. Habitantes del departamento del Huila resisten la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo, de la empresa Emgesa, considerada por el gobierno colombiano como estratégica para la producción energética del país, y que se construye sobre el río Magdalena.

Los gobiernos de Sudamérica enfrentan un auge minero-energético por cuenta de la riqueza de sus recursos naturales, los altos precios de los commodities en el mercado internacional, y el incremento de inversión extranjera directa en la región. Sudamérica ha dejado de ser una región despreciada por el resto de países continentales. Mientras que el mundo se encuentra sumido en una crisis por cuenta del exceso de endeudamiento de los países europeos, los países del Sur de América están creciendo a tasas superiores al promedio global.

La estabilidad económica que hoy experimenta la región se debe, fundamentalmente, a la explotación de sus recursos naturales, que cobran una importancia mayor a medida que se agotan las fuentes energéticas mundiales. El auge experimentado por estos países, señala el BID y el Banco Mundial, debe ser una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, reducir el déficit fiscal del gobierno central, fortalecer el sector industrial, ampliar los servicios básicos que provee el Estado y mejorar la infraestructura interna para aumentar la competitividad.

La hipótesis de la convergencia del crecimiento económico parece cumplirse en Sudamérica, pero no por la incorporación del progreso tecnológico de los países que crecen a partir de procesos intensivos de innovación, sino por el agotamiento de sus recursos naturales no renovables impulsado por una creciente demanda energética mundial, y los altos precios de bienes primarios.

Al margen de las discusiones teóricas del crecimiento económico y las teorías del desarrollo, campesinos e indígenas que habitan las áreas de influencia de los grandes proyectos minero-energéticos en Sudamérica se oponen a su llegada. No se declaran así mismo como ambientalistas, aunque buena parte de las protestas son motivadas por ONG’s con rúbrica verde, más bien reclaman para sí territorios que le han pertenecido por décadas, de los que se han aprovechado generaciones por los servicios ambientales que les provee, y quienes desconfían de la llegada de grandes empresas a sus territorios con proyectos de gran magnitud.

Esta no es una lucha de clases. Lo que parece un movimiento regional, es más bien una preocupación local recogida a lo largo de un buen número de experiencias de proyectos petroleros, mineros e hidroeléctricos en los últimos años, cuyas áreas de influencia no se han beneficiado de las bonanzas del sector minero-energético. Contrario a ello, son receptoras de impactos negativos directos e indirectos, en materia ambiental y social. Estas preocupaciones son elementales, pues si los impactos generados por estas actividades no se ven compensados, siquiera, con el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan cerca a los proyectos minero-energéticos, no tiene sentido recoger los impactos.

Estos son los retos que tienen las empresas que invierten en Sudamérica en el sector minero-energético, quienes se han visto más interesadas por las proyecciones de precios de los commodities en los mercados internacionales, los costos de producción y los riesgos del proyecto, que en resarcir los impactos que se generan con la operación. Se han limitado a los Estudios de Impacto Ambiental y las medidas de mitigación y compensación de los impactos directos que allí se proponen; pero olvidan los impactos indirectos, como el incremento del costo de vida, la pérdida de biodiversidad, cambios culturales y la pérdida de productividad de la región una vez se agota el recurso natural por el cambio de vocación económica, que son las mayores preocupaciones de los campesinos e indígenas, y cuya responsabilidad es de las empresas.

La rentabilidad de los proyectos, en los próximos años, también va a depender de la aprobación y legitimidad que tengan en las comunidades locales, de allí la importancia que se empiecen a utilizar estrategias como la del Licenciamiento Social, indispensable para lograr que las comunidades se beneficien del auge minero-energético.

También estos son los retos de los Gobiernos de cada uno de los países sudamericanos, quienes deben aprovechar la inversión extranjera directa para continuar con la senda de crecimiento, reducir los niveles de pobreza, organizar sus finanzas públicas y mejorar la infraestructura, pero sin subordinarse a los intereses del sector minero-energético. Las comunidades locales tienen exigencias válidas que no pueden ser desconocidas por cuenta del auge que experimenta la región.

Estos son, a fin de cuentas, los retos del desarrollo sostenible en la América del Sur, quien debe aprovechar esta coyuntura para abrir canales de comunicación con el mundo para conservar los bosques y la biodiversidad presentes en cada uno de estos países, que con el paso de los años adquieren una importancia mayor por parte de la comunidad internacional, debido a los efectos generados por el cambio climático. Los impactos de las operaciones de los proyectos minero-energéticos deben compensar, en su totalidad, los daños ocasionados al ambiente.

Desafortunadamente, es probable que las agitaciones sociales se sigan presentando en los próximos meses –o años- a lo largo y ancho de Sudamérica, si no se equilibran los intereses de las empresas, las comunidades locales y el ambiente. Sudamérica tiene una oportunidad insuperable para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes definiendo muy bien qué debe explotarse, cómo debe hacerse y qué debe conservarse, de esto depende el futuro de nuestras naciones, y del mundo entero.