En menos de un mes se realizaron dos importantes eventos para América Latina: la IV Cumbre de las Américas y la reunión del BID en Montevideo. Al finalizar estos encuentros, el mensaje que se ha querido trasmitir a la comunidad
internacional es claro: el escenario para América Latina en la próxima década
es optimista debido a la trayectoria de los precios de los bienes primarios, la
disminución de la exposición de los países al crédito internacional con el
aumento de deuda pública emitida localmente, la efectividad de las políticas
fiscales anticíclicas, el nivel de precios estable y las mayores posibilidades
de emplear el tipo de cambio como un amortiguador ante las perturbaciones de la
economía global.
Se
advierten, además, algunas vulneraciones para la región debido a la dependencia
de productos primarios, la llegada
masiva de capitales del exterior, aumento del crédito interno, la debilidad
fiscal por el aumento del gasto público en los últimos años, y la influencia de
los bancos europeos. Dichas advertencias, se cree, no opacarán los buenos
resultados que se esperan para los próximos años.
Las
necesidades para la región también fueron discutidas en Colombia y Uruguay, y saltan a la
vista los resultados poco alentadores en materia de reducción de pobreza, la inequidad
de género, la vulneración de los derechos de los niños y niñas, el retraso en
infraestructura, la creciente oposición
de las comunidades locales a la llegada del auge minero-energético, y el
retroceso de los bosques tropicales. Los rezagos en materia socio-ambiental se
constituyen en el principal reto del optimismo económico.
La
llegada masiva de inversiones provenientes de Norteamérica, Europa y Asia se enfocará
en el sector minero-energético. Petróleo, gas, oro, carbón y cobre seguirán
siendo los motores del crecimiento. El aprovechamiento de recursos naturales es
la apuesta de todos los gobiernos latinoamericanos, se constituye en una de las principales
fuentes de generación de recursos para la superación de problemáticas internas,
y continuará con la trayectoria de convergencia de crecimiento del producto en
una clara redistribución del ingreso entre los países del mundo. Los impactos
generados en el campo social y ambiental, sin embargo, no se descuentan del
crecimiento económico en Latinoamérica, aunque se generan dentro del ciclo de
vida de los proyectos, e incluso trasciendan en tiempo y espacio; así como
tampoco son compensados por las empresas que operan en este sector.
El
optimismo presente en la región se debe principalmente a las buenas
perspectivas de los precios de los commodities
en el mercado internacional, pero las preocupaciones están puestas en los
impactos que traerá concentrar el aparato económico en la extracción de bienes
primarios. Boom minero-energético e impactos socioambientales serán, por tanto,
los componentes que definirán la política económica, social y ambiental de los
países latinoamericanos para los próximos años.
Una
equivocada valoración de nuestros recursos naturales –incluidos los impactos
que genera su extracción- puede convertir el optimismo en una percepción
errónea de los policy makers latinoamericanos.
Las vulneraciones advertidas en la reunión del BID en Montevideo y en la Cumbre de las Américas, y que parecen
inofensivas para la Década de oro de Latinoamérica,
se puede transformar en un cáncer que acabe con las ilusiones de progreso y
desarrollo de la región si no se aprovecha la oportunidad para exigir a las
empresas multinacionales un estricto respeto por el ambiente y cumplimiento de
cada una de las legislaciones nacionales existentes, compensaciones que protejan
la biodiversidad, y contribuciones parafiscales que aporten al mejoramiento de
las condiciones de vida de los habitantes locales, fuera del pago de los royalities.
El
problema no es oponerse al optimismo que impera en la región, y tampoco negarse
a la llegada de inversiones en el sector minero-energético. Lo importante,
entonces, es reconocer los impactos que se generan al volcar la actividad económica
al sector minero; que la responsabilidad es compartida entre la empresa y el
Estado, y que deben plantearse mecanismos de compensación más amplios que den
cuenta de los impactos ambientales y sociales, y que a partir de estos se pueda
garantizar la sostenibilidad desde lo local.
No hay comentarios:
Publicar un comentario