CARTA ABIERTA A MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA, MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Respetado Doctor:

Nos encontramos próximos a cumplir la meta de producción de un millón de barriles de petróleo diarios, y Usted, en nombre del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, ha anunciado un nuevo pacto entre las firmas petroleras y las comunidades que habitan las áreas de influencia de los proyectos extractivos. De entrada, me parece una propuesta pertinente, no solo por la precaria situación socioeconómica de las personas que habitan territorios cercanos a un pozo exploratorio, a un pozo en producción o un oleoducto, sino por el crecimiento económico del sector petrolero en el país y sus buenas perspectivas a mediano plazo.

El siempre antagónico recurso escaso –entiéndase dinero, petróleo y/o minería- debe tener un medio de interlocución válido para legitimar su expansión con la comunidad que se beneficia o afecta, y esta iniciativa gubernamental abre una vía de comunicación y de discusión en torno al papel de las empresas petroleras –y mineras- en el desarrollo del país.

Este canal abierto por Usted, lo aprovecharé para plantear algunas inquietudes y propuestas que pueden contribuir en la conservación de nuestros ecosistemas, la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las áreas de influencia, y apoyar la continuidad de los proyectos de extracción petrolera en el país. En esta exposición, que contiene tres puntos, haré referencias a criterios académicos y experiencias personales recogidas a lo largo de los últimos 2 años en trabajo de campo a lo largo de las regiones petroleras colombianas.

1. El desarrollo humano –medido a partir de indicadores socioeconómicos- en las regiones petroleras del país es preocupante. Basta con visitar los municipios, corregimientos y veredas que soportan la actividad petrolera para percatarse, de inmediato, que la riqueza extractiva es opacada por la pobreza –en términos de ingresos- de las personas que habitan sus áreas de influencia. Esto resulta inadmisible en un país que le está apostando a sus recursos naturales no renovables como vía para alcanzar la prosperidad de sus ciudadanos.

Me resisto a creer que en un espacio tan pequeño –como un pozo petrolero- puedan convivir, al mismo tiempo, abundancia y escases con una brecha tan gigante. Sin entrar en un análisis de eficiencia-impacto de los recursos invertidos en regalías y RSE por parte del Estado y las compañías petroleras, se observa que la población no ha tenido mejoras considerables en su calidad de vida con la llegada de estos proyectos, situación que ha sido estudiada y corroborada por publicaciones institucionales. Si bien no se pueden desconocer los beneficios que ha traído la extracción de petróleo a las finanzas públicas, con lo que se han podido financiar grandes proyectos sociales del nivel central y de las entidades territoriales, la realidad es que la gente de a pie, aquella que sigue subsistiendo al lado del imponente pozo petrolero, no tiene avances significativas en sus condiciones socioeconómicas. Este es, a groso modo, el diagnóstico de casi todas las áreas de influencia petrolera.

Para revertir esta situación, y aprovechando la iniciativa del Ministro, se hace imperativo modificar los encadenamientos y las relaciones de la industria extractiva hacia la comunidad, con el ánimo de irrigar los beneficios del sector a los ciudadanos que resultan directamente afectados con esta actividad económica.

La respuesta social de las comunidades ante los proyectos petroleros es, sin embargo, diversa y heterogénea. De esta diferenciación depende el manejo de los nuevos pactos que se generen entre la comunidad y la industria petrolera. En general, se pueden distinguir cuatro escenarios según el territorio analizado: i) nuevos con altas expectativas, ii) nuevos con desconfianza, iii) viejos con altas expectativas y, iv) viejos con desconfianza.

El primer escenario puede encontrarse en las fases exploratorias asignadas en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y Sucre. Los proyectos de exploración y producción petrolera llegan a estas regiones del país por primera vez, la expectativa de la población que habita las áreas de influencia es muy alta, y el nivel de oposición en relativamente bajo.

El segundo escenario es común en regiones como el sur de Caquetá, el suroriente de Arauca, la cuenca del Patía, Guajira y Vichada. Los proyectos de exploración y producción petrolera llegan a estas regiones del país por primera vez, pero las comunidades locales desconfían de la llegada de estas industrias. Las razones pueden corresponder a un desafortunado manejo de grupos de interés de las industrias extractivas no petroleras,  –como en la Guajira-, o a las presiones ejercidas por grupos al margen de la ley a las comunidades de las áreas de interés –como el sur de Caquetá, suroriente de Arauca, Vichada y la cuenca del Patía-.

El tercer escenario corresponde a regiones donde los proyectos petroleros son una realidad desde hace años, sus habitantes conocen de las bondades de articular un sistema económico y social alrededor de la industria extractiva, y observan con beneplácito la llegada de nuevos proyectos, como el caso de Santander, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y el norte de Casanare. Sus expectativas con respecto a la llegada de nuevas compañías son elevadas

El cuarto escenario corresponde a territorios en los que se encuentran proyectos petroleros activos, pero el desafortunado manejo de grupos de interés por parte de las empresas, y las presiones por parte de grupos armados ilegales a la población para sacar actividades que no se someten a sus reglas, y/o para evitar la militarización de territorios donde ejercen control. Es el caso del norte de Arauca, Putumayo y Norte de Santander.

Como se observa, el ambiente social depende de las expectativas de los habitantes, el desempeño de las relaciones de la industria petrolera con la comunidad, y los grupos armados ilegales. Las dos primeras pueden ser manejadas, la tercera es una variable que no puede controlarse, pero afecta las anteriores. Hablaremos de las que pueden controlarse.

El manejo de las relaciones de las firmas petroleras hacia las comunidades siempre debe basarse en dos principios: el de reciprocidad, bajo la perspectiva que ambos se necesitan para alcanzar sus objetivos; y el de coordinación, en la medida que deben actuar conjuntamente para alcanzar el máximo bienestar posible teniendo en cuenta la decisión –o situación- del otro. Esto es fundamental para llegar a convenios que beneficien a ambos, como se espera.

Los acuerdos con la comunidad, por su parte, deben actualizarse cada vez que los resultados superen las expectativas. Este debe ser un proceso dinámico, en el que exista sincronización entre lo que se requiere –necesidades- y lo que se da –satisfactores-. Al ser un proceso frágil, como la historia lo ha demostrado, el Estado debe verificar su efectivo cumplimiento para evitar excesos o defectos, y también debe asegurarse que lo pactado se corresponda con las necesidades urgentes o apremiantes de los habitantes de las áreas de interés que no pueden cubrirse con presupuestos estatales.

Este último punto, el concerniente a la financiación de necesidades no cubiertas por presupuesto público, es de suma importancia para el nuevo pacto, debido a que las empresas no pueden ser vistas como Estado, así deban compensar o contribuir los daños e impactos que generan a los bienes públicos y comunes, como las carreteras y los ecosistemas –punto 2-. Si el Estado y la empresa contribuyen a un mismo objetivo, se estará desperdiciando una oportunidad para avanzar en asuntos que son prioritarios y se encuentran por fuera de la esfera del Estado por las restricciones presupuestales, como financiación de actividades agroindustriales para garantizar ingresos a las familias del área de interés de la firma.

Por tanto, la industria petrolera debe saber diferenciarse para poder complementar la actividad del Estado en la zona. Esta sinergia -estoy seguro- es un poderoso canal de transmisión de instrumentos para ayudar a mejorar la calidad de vida de la población, evitando la duplicidad de labores.

En lo que refiere a las expectativas, estas constituyen, a la vez, una ventaja y un problema para cada proyecto petrolero. Ventaja porque facilitan la actividad económica y los procesos de encadenamiento productivo y social, pero se convierten en problema cuando las expectativas económicas y sociales desbordan la realidad de los proyectos o están por debajo de lo esperado, lo que afecta la continuidad del proyecto y los posibles en la misma zona.

Las expectativas deben estar bien aterrizadas, las comunidades han de ser conscientes que la llegada de un proyecto petrolero impacta favorablemente la economía local, pero no es una oportunidad para obtener ingresos desorbitados. Deben articularse a la dinámica económica de manera directa –contratación laboral- o indirecta –a través de venta de bienes y servicios complementarios-. Por su parte, las empresas petroleras deben entender que las expectativas no se pueden subvalorar ni sobrevalorar, si lo que se quiere es mantener un diálogo transparente y de confianza con la comunidad.

Las altas expectativas en los escenarios I y III pueden ser manejadas por las empresas con una acertada estrategia de comunicación que transmita los alcances reales de los proyectos, los tiempos de duración del mismo, y los riesgos e impactos que traerá la actividad económica en temas como inflación petrolera e impactos ambientales. Dicha estrategia comunicativa debe ser constante y dinámica, aun cuando el proyecto no se encuentre asegurado –como en el caso de la fase exploratoria- o esté finalizando. Las bajas expectativas, por su parte, deben coordinarse de afuera hacia adentro, contando siempre con el apoyo institucional del Estado. Así, según el escenario que se evidencie en cada territorio, el manejo debe ser diferenciado, y tiene que responder en todos los casos a las realidades y necesidades de la comunidad del área de interés. El respeto de lo anterior representa una pieza fundamental para la estructuración de los nuevos acuerdos.

Es importante señalar que estos pactos deben vincular al Ejercito Nacional en aquellos territorios donde existan presiones por parte de grupos armados ilegales. Cualquier acuerdo entre empresas petroleras y comunidades puede verse imposibilitado si no se tiene en cuenta este aspecto.

2. El pacto propuesto por el gobierno deben realizarse entre la industria petrolera y el entorno en el que desarrolla su actividad extractiva. Dicho entorno debe incluir a las comunidades humanas y no humanas que conviven en los ecosistemas del área de interés donde se realiza la actividad económica. Restringir los nuevos acuerdos a las comunidades humanas asentadas en los territorios de influencia es desconocer las dinámicas biológicas, ecológicas y económicas que suceden, al mismo tiempo, cuando se pone en marcha un proyecto petrolero.

La extracción de hidrocarburos, en todas sus fases, genera fuertes presiones a la conservación de ecosistemas en zonas tropicales que prestan servicios ambientales vitales para el país y la humanidad, como el caso de la Orinoquía y la Amazonía. Zonas de amortiguación de los Parques Nacionales Naturales, zonas que están delimitadas dentro de la ley 2 de 1959 como Reservas Forestales, o áreas con protección constitucional especial como los Territorios Indígenas, hacen parte de las áreas geográficas que se han concesionado o se concesionarán en las próximas rondas por parte de la ANH, y con seguridad tendrán un impacto importante en ecosistemas estratégicos.  

La fragilidad de estos ecosistemas hace que el Estado colombiano exija los más altos estándares en el manejo de residuos sólidos, vertidos, utilización de fuentes hídricas e impactos a la biodiversidad. Instrumentos como el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), principales insumos técnicos para la expedición de la licencia ambiental en Colombia, se quedan cortos para minimizar los impactos ambientales de la actividad petrolera. Puede hablarse, entonces, de una moratoria ecológica por parte de las empresas petroleras con el país.

Existe un instrumento denominado compensación por pérdida de biodiversidad, que busca retribuir y resarcir los impactos negativos no prevenibles, mitigables o corregibles generados por proyectos extractivos a la biodiversidad; de manera que se garantice la efectiva conservación de un área del mismo tipo de ecosistema con igual o mayor viabilidad, bajo nivel de amenaza y un adecuado nivel de protección. Dicho instrumento es compatible con la metodología general para la presentación de estudios ambientales aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1503 de 2010.

Las empresas petroleras, dentro del nuevo pacto, deberían aprovechar este instrumento para gestionar compensaciones por la pérdida de biodiversidad en cada proyecto petrolero, sin importar la antigüedad del mismo. Esta sería una señal de compromiso con el desarrollo sostenible del país.

3. El nuevo pacto también debe incluir una nueva relación de las empresas petroleras con el Estado en asuntos fiscales. Este último mes, Guillermo Rudas (http://bit.ly/AeVRci) y Álvaro Prado (http://bit.ly/AErhMi) han descrito una situación que pone al país en una situación de paraíso fiscal para las empresas que explotan recursos naturales no renovables a nivel internacional. 

A partir de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 685 del 2001, que establecía la incompatibilidad del pago de regalías con los impuestos nacionales, departamentales y municipales sobre esa misma actividad (Sentencia C-1071 de 2003), el gremio del sector minero solicitó un concepto a la DIAN. La entidad encargada del recaudo fiscal del país determinó que “son deducibles para efectos de la determinación de la renta líquida, las regalías que se causen por la explotación de los RNNR, sin distinción de la clase de contribuyente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, que para su procedencia, según el caso, exige la legislación tributaria”. Con esta interpretación, la nación ha dejado de recibir por concepto de impuesto de renta, entre 2005 y 2011, cerca de 2,3 billones de pesos, suficientes para construir 32.560 casas para cerca de 130 mil personas, o para financiar una carrera profesional a 50 mil estudiantes.  

Esto resulta inconcebible, máxime si se tiene se cuenta la moratoria ecológica y la deuda social que tienen las empresas petroleras con el país. Estos recursos son necesarios para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que, aun teniendo cerca proyectos de grades inversiones, viven en condiciones deplorables.

El nuevo pacto debe incluir, por tanto, un cambio en la reglamentación del código minero para evitar la fuga de esos recursos necesarios para el desarrollo del país. Así mismo, las empresas petroleras deben garantizar al Estado y la ciudadanía en general transparencia en el reporte de producción y utilidades para evitar la elusión y la evasión del pago de regalías e impuesto de renta, situación anotada por Guillermo Rudas, el nivel de confianza que se construya a partir de ello es clave para la continuidad del auge de los hidrocarburos.

Por último, no sobra decir que este mismo pacto social debe hacerse extensivo a todo el sector minero-energético. El avance en estos componentes resulta clave para seguir creyendo en la locomotora en la que estamos subidos como país. Deseo buen viento y buena mar para esta iniciativa por el bien del Estado y sus ciudadanos.

AGUA Y COMBUSTIBLE, UNA PARADOJA PARA COLOMBIA.

Sus aguas bajan gélidas de las cumbres de la cordillera central de los Andes, irrigan los cultivos de café en las montañas, y de arroz, sorgo y algodón en el valle; sostienen las necesidades hídricas de los habitantes rurales que circundan su cauce, dan vida a 31 especies de peces, mantienen la flora y fauna que se encuentra alrededor de los diferentes ecosistemas que atraviesa, y desemboca en el principal afluente colombiano, el Río Magdalena, a escasos 354 kilómetros de su nacimiento en el Nevado del Ruíz.

En los últimos 10 años el Río Recio ya no es el mismo de antes. Los cambios derivados de las actividades antrópicas han disminuido su torrente y su fuerza, el volumen de agua que corre por las formaciones geológicas tolimenses pierde altura; su temperatura se ha elevado dos grado aproximadamente, afectando a especies ícticas vulnerables a los cambios abruptos; su capacidad de dar vida, aquella que ha albergado en los últimos 3 millones de años, y de las que son testigos las rocas y los sedimentos que acompañan su andar, se pierde a una velocidad apabullante. 

El Nevado del Ruíz se derrite, y con él se esfuman los cauces de cientos de corrientes hídricas que bañan el valle del Magdalena, como el caso del Río Recio. La majestuosidad del torrente hídrico que sirvió por siglos a los indígenas Panche, y del que ahora se sirven los habitantes de los municipios de Venadillo, Lérida y Ambalema, tiene sus días contados. Según el IDEAM, el nevado se derretirá en un horizonte de tiempo no mayor a 20 años, como también lo harán los nevados del Tolima y Santa Isabel. Es un proceso irreversible, derivado de la emisión de gases efecto invernadero que han elevado las temperaturas de la zona en un 1%, suficiente para hacer desaparecer las nieves que se encumbran en estas elevaciones andinas.

Los impactos derivados de la desaparición de los nevados -y a su paso los ríos- son inconmensurables, a pesar del esfuerzo científico por cuantificarlos. La economía del cambio climático reportará los costos monetarios de los desastres humanos causados, la agricultura afectada, los acueductos que se surtían de sus fuentes hídricas, la pérdida de productividad de la región, y los gastos en salud asociados a su desaparición. La ecología dará cuenta del impacto en los ecotonos y ecosistemas adyacentes al río, y la pérdida de biodiversidad como consecuencia de su desaparición. Los campesinos de la región, sin conocimientos en biología ni economía, lamentarán profundamente la pérdida del recurso natural del que dependen, del que se abastecieron y cuidaron por años, y que por causas ajenas a ellos, ven desaparecer de manera contundente, sin remedio.

A pesar de la tragedia humana y ecológica que representa la desaparición de los nevados y ríos, el gobierno de Santos celebra con vehemencia la producción petrolera del país, cercana al millón de barriles de petróleo; y la producción de carbón, cercana a las 235 mil toneladas diarias. La quema de estas sustancias derivadas del carbono en el transporte mundial son las principales causantes del cambio climático, la responsable del derretimiento de los nevados colombianos.

Las ganancias del auge minero-energético en Colombia se calculan en términos de inversión extranjera directa, regalías y empleos generados. Los impactos derivados de este auge no se cuantifican, pero cada vez son más evidentes. Los costos ambientales que traerán la extracción y quema de combustibles fósiles no se descontarán del crecimiento de la economía colombiana, no compensará el daño que causa, no devolverán los ecosistemas que desaparecerán en los próximos años.

Mientras la clase dirigente del país celebra la extracción y quema de combustibles, los habitantes de las áreas rurales en el Tolima empiezan a comprender lo que significa el cambio climático y sus nefastas consecuencias. Cada gota que se escurre desde las cumbres andinas representa el llanto melancólico de nuestras cordilleras recordando que alguna vez albergaron agua cristalizada, especies vivientes, materia orgánica, y gracias al accionar del hombre estas tienen los días contados; pronto dejarán de llorar sin ser escuchadas. 


Las riquezas colombianas se agotan gracias a una racionalidad que avanza sin detenerse en los impactos irreversibles que genera, y mientras tanto, el Río Recio corre hacia el Magdalena en una de sus últimas luchas por albergar vida, ¡a paradoja! 

LOCOMOTORA MINERO-ENERGÉTICA DE SANTOS ¿EN CONTRAVÍA?

La Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 65/151, aprobó en unísono que el año 2012 sería el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. En ella, se puso de relieve la importancia de invertir en tecnología energética menos contaminante y con capacidad de adaptación al cambio climático.

Esta proclama para el 2012 va más allá de una reflexión o una simple manifestación de voluntades en torno a una buena causa. La Resolución busca poner en el plano internacional una realidad que no da más espera: reemplazar las energías derivadas del carbono por otras obtenidas de manera más limpia, segura e inagotable. Ejemplos de esta realidad se ven en todo el mundo.

Alemania, líder mundial en producción de energías limpias, aprovecha los rayos solares y el viento, generando alrededor de 170.000 empleos calificados. España desarrolla una política de sustitución de generación de energías a partir de la quema de carbono, a una basada en el aprovechamiento de la luz solar –fotoceldas- y energía eólica, brindando 180.000 empleos calificados. Francia se destaca en la sustitución de energía nuclear por energías limpias, especialmente hidráulicas, y brinda empleo a más de 220.000 personas. Finlandia, Inglaterra, Austria, Rusia, Corea del Sur, Argentina y Chile empiezan a migrar a las centrales mareomotrices, con gran potencial de generación de vatios. México empieza a aprovechar sus costas y el recorrido de los vientos que vienen del norte para generar energías limpias, brindando oportunidades de empleo para la clase media calificada.

Todos los empleos derivados de la generación de energía con fuentes renovables son estables en un horizonte largo de tiempo, debido a que los recursos utilizados para su obtención son renovables.

Mientras el mundo empieza a entender que las energías derivadas de recursos naturales no renovables, además de contribuir al cambio climático, no aseguran la energía necesaria para futuras generaciones y tampoco garantizan el bienestar económico, Colombia, por el contrario, ve en el petróleo su fuente de progreso y bienestar para los próximos 20 años. Cerca de la mitad del territorio colombiano tiene potencial para la extracción de carbón e hidrocarburos, y el gobierno nacional, a partir de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la recién creada Agencia Nacional de Minería, buscará aprovecharlos para obtener recursos que financiarán al aparato estatal y las agendas de gobierno de los próximos años.

Por fuera del análisis económico en el que se basa la locomotora de Santos queda la destrucción de ecosistemas que prestan servicios ambientales estratégicos para seres vivos causados por la extracción. Por fuera de la contabilidad de los ingresos del auge minero-energético queda el agotamiento de recursos naturales no renovables del país. Por fuera del crecimiento económico derivado de los recursos que llegarán por la explotación de carbón, gas y petróleo, quedan los costos asociados a su emisión y posterior aporte al cambio climático mundial del que ya padece Colombia, como lo demostró el fenómeno de la niña. 


El PIB colombiano de los próximos 20 años no descontará los costos asociados al ambiente, pero en aquel entonces, los pasivos ambientales serán notorios.

La Resolución 65/151 también insta al Secretario General de la ONU, que en el 67ª período de sesiones a celebrarse este año, presente un informe sobre la aplicación de la resolución teniendo en cuenta las iniciativas adoptadas por los Estados Miembros para crear, a todos los niveles, un entorno propicio para el uso de tecnologías energéticas nuevas y renovables. Colombia, por supuesto, no será recordada por su búsqueda de energías renovables, sino por la búsqueda de petróleo y carbón para los próximos 20 años, una locomotora en contravía.

RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD: UNA OPCIÓN EQUIVOCADA.

Colombia es un país megadiverso, así como también es rico en recursos naturales no renovables. Uno y otro conviven en biomas y ecosistemas de manera equilibrada, pero se distancian en el campo económico y político.

Las locomotoras del actual gobierno Santos se concentran en los recursos naturales no renovables con el auge de la minería y de los hidrocarburos, y estiman que aportarán al crecimiento económico sostenido hasta el 2030, así como también garantizarán la política social del Estado a través de royality o regalías cercanas a los 10 billones de pesos anuales en los próximos 20 años.

La biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, por su parte, se deforestan a un ritmo de 260.000 hectáreas anuales, destruyendo a su paso especies que afectan el equilibrio ecosistémico y que ponen en riesgo la categoría de país megadiverso.

Entre las causas de la destrucción de ecosistemas colombianos se encuentra la extracción de minerales e hidrocarburos, pero hacia el interior se muestra como una actividad que jalonará el progreso de la sociedad colombiana, como lo muestra el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”.

El área entregada en concesión para minería y para bloques petroleros supera las tres cuartas partes del territorio colombiano, y sus efectos para el ambiente no se encuentran cuantificados en ninguna licencia ambiental, y mucho menos en la que se realiza de manera ilegal.

Los beneficios de los ecosistemas que destruirá la locomotora minero-energética superan con creces las rentas que esta última traerá. Con tan solo valorar los servicios ambientales como la producción y transporte de agua, en un horizonte de tiempo de 100 años que incluyen aproximadamente tres generaciones de colombianos, se concluye que es más rentable mantener en equilibrio los ecosistemas que destruirlos por unas rentas que tan sólo durarán 30 años, pero que traerán consecuencias irreversibles para el bienestar de los colombianos.

El crecimiento que tendrá la economía en los próximos treinta años podría ser negativo si de él se descuenta la destrucción de recursos naturales renovables y no renovables, como debiera ser en una economía que reconoce los límites físicos del planeta.

Si el gobierno de Santos quiere una “prosperidad para todos”, debe pensar que las futuras generaciones deben beneficiarse de los servicios que presta el ambiente, y que resulta más rentable conservar que destruir con consecuencias irreversibles.

SOLANO: FARC, COCA, DEFORESTACIÓN Y OLVIDO.

Mientras Colombia se encuentra de luto por la muerte que vilmente propició la vetusta guerrilla de las FARC a los cuatro secuestrados en el municipio de Solano (Caquetá), vienen a mi mente los recuerdos del único viaje que realicé a este lugar que se encuentra en la Amazonía colombiana en mayo del presente año, y que explican las razones por las cuales estos hechos ocurrieron allí.

El casco urbano del municipio de Solano se encuentra a escasos metros de la desembocadura del río Orteguaza en el río Caquetá, uno de los principales afluentes del Amazonas. El puerto fluvial que reposa en el pequeño municipio, con dos entradas para embarcaciones rápidas, es el único medio de comunicación y de acceso que tienen las personas que viven en aquel asentamiento humano ubicado en medio de la selva. El polvo que encierra el parque central del pueblo refleja las dificultades que tienen que afrontar los habitantes que allí viven, y el edificio de la alcaldía sin terminar muestra la inoperancia del Estado que, sin lugar a dudas, se encuentra relegado ante el control que ejerce el Bloque Sur de las FARC.

El temor de sus habitantes es evidente, nadie se atreve a hablar de la situación que se vive allí. La ley del silencio es un imperativo para las personas del municipio que sobreviven gracias a los cultivos de coca, y en menor medida, a la agricultura y el comercio. La luz eléctrica se marcha todas las noches debido a que no se encuentran interconectados con la red nacional, así como también se marchan los pocos militares que hacen presencia en la zona.

Los cultivos de coca avanzan a medida que se talan los bosques nativos de la Amazonía colombiana, y los colonos que habitan allí perciben estos recursos como ilimitados debido a la imponencia selvática que los rodea. Los indígenas, que por siglos han ocupado el municipio, se encuentran en medio de un conflicto que nunca pidieron, pero se involucran cada vez más a él debido a que los flujos económicos dependen casi exclusivamente de las actividades ilegales. Se percibe un notable deterioro en términos de calidad de vida.

Solano es el municipio más extenso del sur del país, y el segundo más grande de Colombia. En él se ubica el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la reserva natural colombiana con el mayor número de kilómetros cuadrados, y con seguridad, la más inexplorada de todas las que conservan ecosistemas estratégicos. Grandes extensiones de selva, y el olvido histórico del Estado son el escenario perfecto para consolidar estructuras guerrilleras, que luego de 20 años de hacer presencia en la zona, otorga ventajas militares y geográficas, además de un elaborado trabajo político con la comunidad.

Mientras el país político y la social-bacanería le siguen dando la espalda a este, y otros tantos municipios que hacen parte de la Amazonía colombiana, allí se siguen cometiendo actos que violan las normas básicas del derecho internacional humanitario, pero lo más grave es que parece imperar la ilegalidad de las FARC, como lo confirma la captura de la alcaldesa Sandra Norma por parte de autoridades judiciales por presuntos vínculos con el Frente 48 de las FARC el pasado mes de junio.

La muerte de los cuatro secuestrados el pasado 26 de noviembre no es otra cosa que la confirmación de una situación que para los solanenses es cotidiana. La gran riqueza natural y cultural del municipio de Solano, hoy por hoy, está ubicada en el peor de los mundos.

MÉXICO, CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y TIEMPO ECOLÓGICO.

En México, la política parece no responder a la misma velocidad en que se altera el ambiente y los ecosistemas. Una vez conocidas las problemáticas ambientales, son las comunidades, la academia y las ONG’s los primeros actores que se preocupan por entender sus causas y plantear soluciones que pasan al campo político, donde pierden su horizonte y se confunden en cuotas burocráticas e intereses económicos, demorando la intervención, planeación o control por parte del Estado. Y mientras esto ocurre, la degradación ambiental avanza a pasos acelerados, muchas veces de manera irreversible. Este es el camino que ha seguido gran parte de la mancha urbana y la depredación de los recursos naturales que destruyen los espacios necesarios para mantener, por lo menos, neutralizado el carbono que emite el país en su conjunto.

La brecha entre el tiempo político y el tiempo biológico de los ecosistemas está jugando en contra del último, y a pesar de ser uno de los diez países más megadiversos del mundo en materia de especies, es el país latinoamericano con la huella ecológica más alta, y una de las mayores del mundo. Lo anterior significa que el impacto que México tiene sobre su territorio físico –tierra y océano- para sostener el consumo de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de su población, y para absorber sus residuos, es superior al territorio que posee, lo que obliga a utilizar parte de territorios de otros países vía importación. Situación claramente insostenible para el desarrollo del país y del planeta.

A pesar que resultan lógicas las consecuencias nefastas de no prestarle atención a la degradación ambiental que hoy vive el país, el debate político presidencial para las justas que se celebran este año, en el que la problemática ambiental debería estar en el primer renglón de la agenda y de las propuestas de cada uno de los candidatos, poco interés tiene. Asuntos como el narcotráfico, orden público, comercio internacional y los impactos económicos en México de la crisis del sistema financiero mundial, han sido los temas preferidos en este inicio de campaña por parte de los candidatos que busca hacerse del puesto más importante del país; y claro que son temas de importancia nacional, pero la urgencia de establecer posturas más serias que garanticen la satisfacción de necesidades de la población mexicana sin alterar las futuras generaciones, debería estar siquiera al mismo nivel que los asuntos mencionados. 


Se hace urgente que los impactos generados por las actividades humanas a los ecosistemas empiecen a ser tomados en serio por México para evitar que se entre en un camino irreversible del que ya no haya marcha atrás; y qué mejor que las propuestas se encuentren al calor de la política nacional, se evalúen por parte de la ciudadanía y sean un criterio de elección para el 2012. 


Empezar a disminuir la brecha entre el tiempo ecológico y el tiempo político sería un buen comienzo para recuperar la confianza del país hacia los asuntos públicos, y para encarrilarlo de una buena vez al vagón de la sostenibilidad.

¿FIN DE LAS FARC? ANÁLISIS DESPUÉS DE LA MUERTE DE CANO.

Pocas veces se puede estar tan orgulloso del Ejército Nacional de Colombia como esta semana, después de la muerte del comandante en jefe de las FARC el pasado 4 de noviembre. La noticia tuvo alcance mundial, prácticamente todos los medios de comunicación en cada país la resaltaron, pocos de ellos con nostalgia, pero la gran mayoría con un halo de victoria hacia el Estado colombiano contra el terrorismo.

Desde el interior del país, reconocidos estadistas y funcionarios del gobierno dieron un parte de victoria y de tranquilidad hacia la población civil después del golpe a la guerrilla de las FARC, aludiendo la ya famosa frase "luego de la muerte de Cano, habrá un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano, se abre el camino hacia la paz". Esta afirmación resulta lógica cuando un grupo armado ilegal, que lucha el poder del control territorial y político con el Estado desde hace casi medio siglo, sufre, por primera vez, la derrota de su máximo representante en el campo militar. Sin duda alguna, esto representa un hecho simbólico que, evidentemente, golpea la moral de las tropas de la milicia y toda su organización. Así mismo, las muertes de los integrantes del secretariado de las FARC Raúl Reyes y Mono Jojoy por parte del Ejército Nacional, como la baja en combates de un buen número de jefes de algunos Frentes de las FARC, dan cuenta de una estrategia militar consolidada que está dando buenos resultados. Lo anterior, sin embargo ¿representa el fin de las FARC? Me temo que no.

Para dar fundamento a la afirmación anterior, primero habrá que comprender la geografía de la guerra colombiana. Las FARC, históricamente, lograron ocupar territorios que resultaron indiferentes para el Estado colombiano, y que configuraron las lógicas militares y económicas que actualmente vivimos. Hoy, esta guerrilla colombiana se encuentra dividida geográficamente en 7 Bloques ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, cada uno de ellos con sus propias dinámicas.

El Bloque Caribe cuenta con 350 hombres alrededor de los departamentos del Cesar y La Guajira. Sus finanzas dependen del cultivo de cocaína en el Cesar y La Guajira, algunos cultivos de marihuana en el Magdalena, y del comercio ilegal proveniente de Venezuela. Mantiene relaciones comerciales con bandas criminales constituidas por los antiguos bloques paramilitares Resistencia Tayrona y Norte para el comercio del narcotráfico con carteles de países centroamericanos y africanos, y se movilizan hacia el Estado de Zulia en Venezuela con facilidad.

El Bloque Magdalena Medio concentra su negocio fundamentalmente en el narcotráfico y la extorsión a ganaderos y terratenientes. En sus filas hay alrededor de 500 hombres, y mantiene relaciones comerciales con bandas criminales para el comercio de estupefacientes y microtráfico, especialmente con los Urabeños. Tienen una importante presencia en la región conocida como Catatumbo (Norte de Santander), donde concentran cultivos ilícitos; así como también ejercen influencia en el valle medio del Magdalena en los departamentos de Santander y Bolívar.

El Bloque José María Córdoba cuenta con alrededor de 900 hombres, y concentra su poder militar y económico entre los departamentos de Antioquia y Córdoba en la zona conocida como Nudo de Paramillo, donde mantiene un importante centro de operaciones con amplias zonas de cultivo de cocaína, así como también hace presencia en el norte del Chocó. Este Bloque mantiene relaciones comerciales con los Urabeños y Los Paisas, bandas criminales emergentes encargadas del microtráfico y de la salida de la cocaína a México, Centroamérica y el Caribe desde Córdoba y Sucre. En los últimos años financian sus actividades delictivas con la práctica de minería ilegal que realizan en las cuencas de los ríos Cauca, Sinú y San Jorge, así como en sus afluentes.

El Bloque Comando Conjunto de Occidental encuentra su área de operaciones en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en la cuenca del pacífico colombiano. Sus finanzas dependen del cultivo de cocaína en los departamentos del Cauca y Nariño, así como también de la minería ilegal en la cuenca del Patía. Cuenta con una estructura de 1000 hombre aproximadamente, y mantiene relaciones comerciales con la banda criminal Los Rastrojos, que se encarga de la salida de estupefacientes del país hacia México por la ruta del Pacífico.

El Bloque Sur mantiene una estructura militar de 1300 hombres distribuidos principalmente en los departamentos de Caquetá y Putumayo, aunque también hacen presencia en los departamentos del Amazonas y Guainía, en menor proporción. Tienen un importante despliegue en el extenso territorio de la Amazonía colombiana, y mantienen sus finanzas a partir del cultivo de cocaína en vastas zonas del piedemonte andino, de la extorsión a las actividades económicas de la región, y empiezan a percibir sumas importantes de dinero con la extracción de minerales de manera ilegal en las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo, y en el departamento de Guainía. Tienen una importante influencia en las zonas limítrofes con Ecuador, donde se mueven con facilidad.

El Bloque Comando Conjunto Central se encuentra entre los departamentos del Huila, Tolima y Quindío. Ha mantenido como santuario el denominado Cañón de las Hermosas, desde donde históricamente han ejercido control territorial por su difícil geografía, y mantienen sus finanzas con la extorsión de pequeños propietarios y algunos cultivos de cocaína en la región. Cuenta con menos de 400 hombres, y hasta este año concentraban sus esfuerzos en custodiar a Alfonso Cano.

Por su parte, el Bloque Oriental tiene dentro de sus milicias a unos 3700 hombres a lo largo de los departamentos de Meta, Vichada y Arauca. Financian sus estructuras armadas a través del cultivo de cocaína y la extorsión de actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Mantienen relaciones comerciales con la banda criminal ERPAC, quienes también se dedican al narcotráfico en la zona. Hacen presencia igualmente en los territorios venezolanos que limitan con el departamento de Arauca, desde donde mantienen campamentos y refugios militares.

Así las cosas, puede advertirse que las lógicas de cada uno de los Bloques son diversas, variadas, y responden a dinámicas locales y regionales propias del territorio que ocupa cada uno de ellos. Desde la muerte de Manuel Marulanda alias “Tirofijo”, el mantenimiento de una unidad al interior del secretariado se ha ido resquebrajando con el pasar de los años. Cada uno de los Bloques ha buscado la independencia con respecto al secretariado de las FARC, y la autofinanciación de las actividades subversivas con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, les otorga mayor autonomía a la hora de tomar decisiones en el ámbito local. Las diferencias en campos como estrategia militar, manejo de la diplomacia internacional, y fuentes de financiación enfrentaban a Cano, Timochenco y Grannobles - todos miembros del Secretariado- desde que el primero de ellos asumió el liderato de la organización.

Es importante mencionar, también, que la presión por parte del Ejercito Nacional Colombiano hacia las FARC con los cercos militares para evitar la comunicación física, la interceptación de comunicaciones de aparatos electrónicos, y las mejoras tecnológicas adquiridas por el Gobierno Nacional, dificultan cada vez más los mensajes y las comunicaciones entre toda la estructura guerrillera, lo que agudizaba la división y la coordinación de estrategias conjuntas entre los Bloques.  

Así las cosas, puede decirse que si bien la muerte de Cano constituye, como ya se dijo, un golpe a la moral de la estructura de las FARC, es realmente un golpe al Bloque Comando Conjunto Central, del que él hacía parte, y valga decir, el menos fuerte desde el punto de vista económico y militar.

Los Bloques Sur, Oriental, José María Córdoba y el Conjunto Central Occidental parecen fortalecidos en sus estructuras militares, fundamentalmente por el éxito económico de diversificar sus fuentes de financiación con narcotráfico y minería ilegal, y por la estratégica consolidación de sus relaciones con las bandas criminales emergentes –que en tiempos de las AUC los combatieron-, para fortalecer la cadena de producción y comercialización del narcotráfico hacia el interior del país y el exterior. Esta situación fortalece el círculo de la ilegalidad en las regiones donde estos Bloque ejercen influencia directa, lo que se traduce en un mayor apalancamiento para sus tropas, y mayor capacidad de resistir los avances del Ejército Nacional colombiano por su relación con la comunidad, que en el mayor de los casos obtiene sus ingresos de actividades relacionadas con la ilegalidad.

Igualmente, las fronteras “difusas o permeables” de Venezuela y Ecuador permiten que los Bloques que allí operan – Oriental, Caribe y Sur- puedan planear de manera estratégica los ataques del Estado colombiano con desplazamientos a estos territorios, evadiendo el accionar militar del ejército regular.

Por otro lado, si bien es posible constatar que desde el 2002 hasta la fecha el número de combatientes de las FARC se redujo en un 60%, pasando de 20.000 a cerca de 8.000; esta cifra solo vuelve a la situación de comienzos de los noventa, cuando el número de combatientes de esa organización guerrillera era el mismo que hoy tienen. Esta organización armada ilegal aún cuenta con un ejército suficientemente grande para causar daños significativos en materia militar e institucional, y sus ingresos actuales superan con creces los que tenían a comienzos de los noventas, lo que agrega un elemento poderoso para evitar el cese de actividades ilegales de esta guerrilla. Con relación a este último punto, es importante mencionar que es de conocimiento público que la economía ilegal, desde hace unos años, marca la dinámica de guerra del conflicto armado colombiano debido a los jugosos dividendos del narcotráfico, y actualmente los grandes recursos provenientes de la minería ilegal. Estas actividades constituyen el principal incentivo para mantener en pie estas estructuras armadas ilegales, y eso lo que explica las alianzas con grupos neoparamilitaes.

De esta manera, si bien la muerte de Cano constituye un golpe histórico para las FARC que afecta la moral de la organización, no puede decirse que esta situación marca un punto de inflexión en el conflicto armado que sostiene el Estado colombiano con esta organización ilegal. Hechos como el fortalecimiento de las finanzas de los Bloques, la división interna que permite consolidar los poderes locales de la estructura guerrillera, el negocio del narcotráfico y la minería ilegal, la relación de estas estructuras con las bandas emergentes y el número de guerrilleros que aún mantienen en sus filas, permiten concluir que la muerte de Cano, en esencia, no cambió la situación de conflicto armado colombiano.